El juez fijó la continuación de la audiencia para el próximo viernes 27 de mayo.
La Fiscalía de Nuevo León informó que un juez de control impuso la medida cautelar de prisión preventiva a Jorge Alonso ‘N’ de 73 años, dueño de una escuela de Monterrey, luego de que varias alumnas encontraran cámaras en los baños de una quinta, propiedad de la institución educativa.
El detenido fue imputado por los delito de pornografía infantil, acoso sexual y corrupción de menores, tras la denuncia de padres y madres de familia, quienes avisados por sus hijas acudieron el viernes 20 de mayo a la quinta Villa Brisas del municipio de Santiago, donde se llevaba a cabo una fiesta por el Día del Estudiante.
Las alumnas encontraron las cámaras en los baños, escondidas burdamente en botes de basura colocados arriba de los depósitos de agua de los excusados.
En un video difundido en redes sociales, el propietario de la escuela -de 73 años de edad- aseguró que las cámaras del lugar se colocaron por seguridad y, aunque en un principio negó la existencia de cámaras en los baños, en otro momento reviró a padres y madres de familia que lo confrontaron que las cámaras “se resetean y no pasó nada”.
“Por qué razón pone las cámaras ahí?”, preguntaron los padres. “Por seguridad”, respondió el dueño del colegio, tras ofrecer borrar las imágenes.
El hombre fue detenido por agentes de la Fuerza Civil, quienes lo pusieron a disposición del Ministerio Público.
Durante la audiencia inicial, la defensa del dueño del Instituto las Brisas de Monterrey solicitó la ampliación del término constitucional, para que se resuelva entonces su situación jurídica.
El juez aceptó la petición y fijó la continuación de la audiencia para el próximo viernes 27 de mayo.
La comercialización y distribución de pornografía infantil es sancionada en México con penas de siete a doce años de cárcel y de ochocientos a dos mil días de multa, de acuerdo con el Código Penal Federal.
Además, el almacenamiento, compra o renta de esta clase de material, se castiga con penas de uno a cinco años de cárcel y de cien a quinientos días de multa y será sometido a tratamiento psiquiátrico.
