El Centro Fray Julián Garcés Derechos Humanos y Desarrollo Local, A.C. y la Coordinadora por un Atoyac con Vida, externamos nuestra preocupación y reprobamos la represión perpetrada por agentes del Estado hacia integrantes de comunidades del municipio de Calpulalpan, Tlaxcala, quienes se manifestaron el día de ayer, 8 de mayo, ante la falta de acceso al agua potable que han sufrido desde hace un año, siendo un derecho humano básico que les está siendo violentado.
De acuerdo con la información obtenida, las y los manifestantes fueron reprimidos al momento en que se encontraban bloqueando la carretera México-Veracruz exigiendo su derecho al acceso al agua. Ahí llegaron elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, del gobierno de Lorena Cuéllar, esparciendo gases lacrimógenos, amenazando, dispersando y posteriormente se registraron en video detonaciones de armas de fuego, de acuerdo con la descripción. Personas del lugar externaron que resultó gente herida.
Previo a ello, quienes se manifestaron pretendían entablar un diálogo con el presidente municipal de Calpulalpan, Édgar Peña Nájera, sin embargo, este nunca se presentó siendo que afirmaba que estaba por llegar al lugar.
Así, se registró un excesivo uso de la fuerza que contraviene los lineamientos de la actuación policiaca determinados por instrumentos internacionales de derechos humanos; una evidente represión ante el derecho a manifestarse; y un claro problema en cuanto a la garantía del derecho humano al agua en la región desde hace un año.
Ante ello EXIGIMOS:
- Inmediata resolución del problema de fondo por parte de los gobiernos estatal y municipal, es decir, la garantía del acceso al agua, a la población de Calpulalpan.
- Alto inmediato a cualquier acto de represión.
- Deslinde de responsabilidades y sanción ante el uso desproporcionado de la fuerza policiaca y la represión perpetrada por el gobierno estatal contra la población.
Estaremos atentas a lo que ocurra, solidarizándonos con la población de Calpulalpan, y demandando al gobierno lo elemental dentro de un Estado de Derecho: respeto y garantía de los derechos humanos colectivos e individuales.
