No bueno, en la Procuraduría de Justicia del Estado (PGJE) les urge un cursillo de protección de datos personales.
Y es que, nos dicen, al interior de la PGJE hay ministerios públicos y policías ministeriales con la discreción de Paty Chapoy.
Sabemos que la seguridad no es algo que deba predicar Tlaxcala, pero si además del trauma que implica ser víctima de un delito se debe cargar con el pesar de que tu nombre y apellido salga en los diarios, el tema da escalofrío.
Todo esto porque en días pasados el asalto y allanamiento de morada de una familia en Amaxac de Guerrero fue ventilado a reporteros de nota roja, cuya hambre de publicar les hizo omitir nada más un detalle, la privacidad de las víctimas.
Así, con santo y seña, diversos medios de comunicación publicaron los nombres y apellidos de las víctimas, el domicilio de los afectados y hasta el monto con placas de lo robado.
No decimos que la sociedad no esté ávida de saber y confirmar que, en Tlaxcala los delitos patrimoniales están a la alza, pero llevar una lupa a los miembros de la sociedad que padecieron el mal de la inseguridad solo los vulnera.
Nombres completos, domicilios con número, el rostro de los menores y hasta datos que solo podrían tener los ministerios públicos o policías ministeriales no se filtran a la prensa por casualidad.
Si eso fuera, todos nos habríamos enterado del atraco millonario cometido por un solo sujeto a un supermercado en pleno centro de la ciudad.
Eso obviamente no se filtró, cómo decir que mientras sucedía la policía se dormía en sus laureles. ¡Qué raro!
Lo grave del caso, tener servidores públicos más dedicados a reportar que a resolver las investigaciones por la comisión de delitos que perjudican la tranquilidad de la ciudadanía, delitos cada vez más frecuentes en la capital y diversos municipios de Tlaxcala.
Hasta mañana…
@Naye_Romero89
