La Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO) condenó el acto de discriminación y transfobia presuntamente cometido por las autoridades municipales de San Juan Colorado, Oaxaca, en contra de una mujer trans, a quien se le habría obligado a cortarse el cabello y vestirse de hombre.
Presuntamente, la mujer trans habría sido detenida durante seis días en la cárcel de dicha comunidad de la región de la Costa, donde, además de haber sido obligada a cortarse el cabello, se le impuso vestirse como hombre, por lo que la DDHPO detalló en un comunicado haber recibido la solicitud de intervención en el caso, que la Defensoría declaró como actos de discriminación y transfobia.
El organismo autónomo informó que inició una investigación respecto a los actos discriminatorios y transfóbicos que pudiesen haberse configurado y, a través del expediente DDHPO/1016/(11)/OAX/2022, pidió a las autoridades de San Juan Colorado un informe de los hechos, además de brindar acompañamiento a la persona trans agraviada, de quien se resguarda la identidad.
La DDHPO inició una investigación respecto a los actos discriminatorios y transfóbicos que pudiesen haber configurado autoridades de San Juan Colorado, por lo que solicitó un informe sobre los hechos, además de brindar acompañamiento. #Comunicadohttps://t.co/8NibEcz6gi
— Derechos Humanos Oax (@DDHPO) July 5, 2022
¿Qué es la transfobia?
El organismo defensor explicó que la transfobia implica acciones discriminatorias como el acoso, malos tratos, detenciones arbitrarias, hasta la comisión de delitos, entre los que se encuentran la tortura y los crímenes de odio.
La Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca entre 2015 y hasta el 26 de abril de 2022 ha iniciado 34 indagatorias por diversos actos de discriminación hacia personas de la comunidad LGBTTTIQ+.
Los municipios, autoridades más señaladas ante la Defensoría
Entre las autoridades más señaladas ante la Defensoría se encuentran los municipios; por ello, la DDHPO aseguró que resulta urgente la implementación de políticas públicas y acciones tendientes a que las autoridades incorporen en su actuación la perspectiva de derechos humanos, apegados a los Principios de Yogyakarta, los cuales se ocupan de una amplia gama de normas de derechos humanos y de su aplicación a las cuestiones relativas a la orientación sexual y la identidad de género, así como el respeto a las personas de la diversidad sexual, como medida para erradicar los actos discriminatorios y los abusos de autoridad.
