La Diputada Presidente de la Comisión Permanente del Congreso del Estado, Reyna Flor Báez Lozano, se pronunció respecto a la ejecutoria dictada al recurso de revisión radicado en el expediente número SUP-REP-403/2022, acumulado al diverso SUP-REP-362/2022 del procedimiento especial sancionador contra la Gobernadora del Estado, Lorena Cuéllar Cisneros por la difusión de propaganda gubernamental durante el proceso de revocación de mandato celebrado en abril de este año.
Al respecto, Reyna Báez Lozano, expresó que la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación dio vista al Congreso de Tlaxcala con fecha del 15 de junio 2022 de la resolución emitida sobre dicho expediente para que, el Congreso esté en aptitud de fijar su postura respecto a la infracción que detectó con relación a la Gobernadora, pero no directamente para los efectos que señaló quien representa al Grupo Parlamentario del PRD en el Congreso del Estado.
“Efectivamente nos llegó la resolución, pero en su parte resolutiva no se ordenó hacer algún requerimiento al Congreso; solo en la parte considerativa se dispuso darnos vista para valorar los alcances de lo resuelto, por eso, antes de tomar alguna medida se analizará”
También, puntualizó que, según el artículo 54 de la Constitución Política Local no se establece alguna facultad del Congreso que implique imponer sanciones a los titulares de otros poderes por alguna causa, menos en el ámbito político electoral.
Además, Báez Lozano, dijo que la misma resolución, luego que termine de ser analizada por la Comisión Permanente en la próxima sesión; se turnará conforme a los procedimientos del legislativo a la Junta de Coordinación y Concertación Política (JUCOPO) para su atención.
“No es cierto que desde el día seis se esté retrasando este procedimiento, la resolución definitiva nos llegó el 15 de junio, es decir, tenemos tiempo para realizar lo conducente conforme a nuestros procedimientos”
Finalmente, la legisladora de Fuerza por México dijo lamentar que algunos actores de la vida pública del Estado tergiversen el sentido de las resoluciones judiciales con fines políticos.
“Entendemos que, en su estrategia política se crean con derecho de exigir, pero hasta en la oposición debemos actuar con mesura y ser responsables cuando se trata de fijar posición del Congreso del Estado como entidad o poder público” concluyó.
