La Cámara de Diputados aprobó este miércoles en lo general y en lo particular el dictamen con proyecto de decreto por el que se agrega un artículo 9 a la Ley de Amnistía, en materia de otorgamiento de amnistía de manera directa.
El dictamen fue aprobado en lo general por la mayoría de Morena y aliados con 258 votos a favor, 205 en contra y una abstención, y en lo particular con 250 votos a favor, 197 en contra y cero abstenciones.
Con esta modificación legal, el presidente podrá dar “amnistía directa” a personas sujetas a proceso o sentenciadas.
La norma establece que: “La amnistía se otorgará a personas que aporten elementos comprobables que resulten útiles para conocer la verdad de los hechos en casos que sean relevantes para el Estado mexicano, y que en contra de la persona o personas a las que se conceda la amnistía, se haya ejercido la acción penal, estén siendo procesados o se encuentren sentenciados por cualquier delito. Se establece que la amnistía concedida extinguirá las acciones penales y las sanciones impuestas”.
En la fundamentación del dictamen de la Comisión de Justicia, el diputado Antonio de Jesús Madriz Estrada (Morena) expresó que el objetivo es garantizar el derecho a la verdad y que las víctimas directas e indirectas puedan conocer los hechos por los que fueron afectadas.
Relató que se busca que las familias conozcan la verdad, se rompa ese pacto y terminar con la tradición de corrupción y tortura para crear narrativas falsas que ustedes llamaron verdades históricas. El propósito es alcanzar el modelo de justicia transicional, es decir establecer una seria de mecanismos para acceder a la verdad, a la justicia, a la reparación y a la no repetición de hechos.
Por su parte el morenista Manuel Vázquez Arellano -sobreviviente de los hechos en los que fueron desaparecidos 43 estudiantes de la normal rural Isidro Burgos de Ayotzinapa en 2014- señaló que la reforma establece de manera clara y contundente que la amnistía solo podrá ejercerse en los casos específicos en que la persona beneficiaria aporte información útil y comprobable. Recalcó que la modificación en sus términos refleja un compromiso real con la verdad y no se trata solamente del derecho individual que tiene toda víctima, sus parientes o amistades a saber qué pasó.
El derecho a saber, agregó, es también un derecho colectivo que busca evitar que se repitan las historias de opresión. Externó su convicción de que abrirle la puerta a la amnistía puede abonar al proceso que saldaría la deuda histórica que tiene el Estado con sus víctimas. Reconoció que la amnistía no es la llave maestra para romper el pacto de silencio, pero representa una esperanza genuina de conocer qué pasó con los 43 normalistas de Ayotzinapa y miles de víctimas más.
Por parte del PAN, el diputado Enrique Gerardo Sosa Gutiérrez afirmó que la reforma es inadmisible porque se rompe la división de poderes, al dar facultad al Presidente de pasar por encima de las decisiones del Poder Judicial y del Poder Legislativo. “Este es un ingrediente más de la receta con la que quieren destruir la República”.
Puntualizó que no es una reforma aislada, porque está acompañada de las reformas a la Ley de Amparo y de las que someten a la Corte y a los órganos autónomos, como el Instituto Nacional Electoral. Planteó limitar la facultad en el tiempo, “pongamos un límite para que la facultad de amnistía dure un año, siete o 10 años, pero no le dejemos las llaves de la cárcel eternamente a todos los presidentes del futuro”.
El panista terminó su intervención con una serie de frases que causaron revuelo en el recinto. “Sabemos que el primero de octubre el presidente se va a ir a la chingada, todos lo sabemos, ahí va a disfrutar de su finca el resto de su vida”, señaló, al tiempo que acusó a los diputados de entregar al mandatario “las llaves de la cárcel”.
“Por último me despido nada más con una bonita frase que les dijo un día Porfirio Muñoz Ledo: Chinguen a su madre, qué manera de legislar”, en alusión a la frase que pronunció el ya fallecido político en 2019 en un debate en San Lázaro, cuando un micrófono abierto la pudo captar.
El panista Sosa ofreció una disculpa por sus palabras, luego de que legisladores morenistas se lo exigieran. El diputado Juan Ramiro Robledo pidió que se lleve el caso al Comité de Ética y dijo que se trató de la “mayor injuria que se ha pronunciado en la Cámara”.
María del Refugio Camarena Jáuregui, diputada del PRI, resaltó que esta es una “reforma indignante” porque se pretende otorgar al presidente de la República la facultad para liberar a las personas que se encuentran sujetas a un proceso penal o que, incluso, ya están en la cárcel. “Se dice que se trata de liberar a inocentes y garantizar los derechos humanos, pero lo que se quiere hacer es facultar al Presidente para generar impunidad”.
Esta modificación, añadió, atenta contra el dolor de las familias que claman justicia por haber sufrido algún acto o pérdida por la delincuencia. Anunció su voto en contra de la adición arbitraria a la Ley de Amnistía porque generará más injusticia, corrupción, impunidad, ilegalidad, fuego, sangre, dolor y muerte.
La diputada María Fernanda Félix Fregoso, de Movimiento Ciudadano, dijo que la posición de la bancada naranja es no apoyar una reforma que vulnera derechos, destruye al país y violenta la figura de la amnistía. “Otra vez las cárceles se llenarán de pobres a quienes no les alcanza para pagar su boleto dorado llamado amnistía directa”.
De todas las reformas que se han votado, puntualizó, sin duda esta es la peor, ya que preocupa que por dedazo y sin ningún procedimiento el Presidente pueda elegir a quién sacar de la cárcel, y esto incluye a narcos, violadores, feminicidas, secuestradores o cualquiera que haya cometido un delito grave.
Este miércoles, el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que sí resolverá a tiempo el caso de los 43 estudiantes desaparecidos en Ayotzinapa gracias a la Ley de Amnistía. Dijo
López Obrador aseguró que esta nueva ley permitirá negociar con alguien con información sobre el caso, lo que ayudaría a conocer el paradero de los jóvenes de Ayotzinapa que desaparecieron en septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero.
