Rigoberto N., padre de dos menores de edad, ha vivido un verdadero calvario al enfrentar la dolorosa realidad de que uno de sus hijos fue víctima de abuso sexual a manos de la pareja sentimental de la madre, sumado a la angustia causada por la extrema lentitud en la administración de la justicia por parte de la Sala Civil y Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala.
El agresor sexual, quien era un miembro activo de la Guardia Nacional, actualmente se encuentra detenido en el Centro de Reinserción Social de Apizaco, y sentenciado por un tribunal de enjuiciamiento por el delito de abuso sexual a un menor de edad. Por su parte, la madre de los menores ha sido vinculada a proceso y está recluida en el CERESO femenil, acusada de abandono de menores y omisión de cuidado en relación a sus propios hijos.
Ante el Juzgado Primero de lo Familiar del Distrito Judicial de Cuauhtémoc, Rigoberto N., en su calidad de progenitor, promovió juicio de pérdida de la patria potestad y custodia definitiva de los menores, dando inicio al expediente 1097/2023. En dicho proceso judicial, el juez emitió una sentencia a favor del padre de los menores.
Los abogados de la madre presentaron un recurso de apelación identificado con el número de toca 434/2022 ante la Sala Civil-Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala. En respuesta a este recurso, los abogados de Rigoberto N., notaron que la firma en la apelación no coincidía con la firma de la madre. Como resultado, presentaron un incidente penal en asuntos civiles con suspensión del procedimiento, que fue radicado el 29 de septiembre de 2023.
Según información recabada se ha revelado que el Magistrado Enrique Acoltzi Conde, luego de escuchar la presentación del proyecto por parte del Magistrado Fernando Bernal Salazar, solicitó el expediente y se reunió el martes 9 de julio del presente año con Hugo René Temoltzin, abogado de la madre, quien presuntamente pudo haber evitado el abuso sexual sufrido por el hijo de esta a manos de su pareja sentimental.
Esta situación no solo conlleva a la dilación en la administración de justicia, sino que también plantea la posibilidad de actos de corrupción y tráfico de influencias, que podrían poner en riesgo y revictimizar a los menores involucrados.
Resulta lamentable que Guadalupe Hernández Montes, Procuradora para la Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, haya demostrado desconocimiento en el procedimiento legal al presentar un recurso de revocación por una supuesta mala notificación, cuando en realidad debería haber interpuesto un incidente de nulidad de notificación. Este desconocimiento, sumado a la falta de ética profesional, que pone en peligro y revictimiza al menor que fue víctima de abuso sexual.
