En enero del 2015 Promotora y Operadora de Infraestructura (Pinfra) anunció la inauguración de la autopista Tlaxcala-Puebla.
17.5 kilómetros de tramo carretero a dos carriles que conectaría en menos de 12 minutos a la capital de Tlaxcala con la angelópolis.
La inversión, según dijeron, había sido de 54.7 millones de dólares.
Además de la Puebla-Tlaxcala, Pinfra opera tres carreteras más: Apizaco-Huachinango, Vía Atlixcáyotl y Virreyes-Teziutlán, todas con alto flujo de vehículos que circulan con fines agrícolas, industriales, educativo y comercial.
Fue en 2015 cuando el Gobierno del Estado de Tlaxcala, otorgó a Pinfra la concesión para operar la autopista que inició operaciones el 10 de enero.
Desde entonces, usuarios no solo de la entidad sino también de los estados donde Pinfra opera otras concesiones padecen lo arbitrario que resulta el incremento del peaje en sus casetas.
Sin importar factores como la pandemia, periodos vacacionales o que la propia SCT sea la autoridad autorizada para fijar la tarifa promedio máxima para cada una de las casetas que operan en el país, los concesionarios pueden, como lo han hecho, determinar la cuota para cada tipo de unidad vehicular.
La autopista Tlaxcala-Puebla pasó de costar 51.00 pesos en 2022 a 69.00 pesos a inicio de 2024, en todos los casos, los incrementos al peaje no han sido anticipados, comunicados y mucho menos consensuado con alguna autoridad que defienda a los usuarios-consumidores.
La queja de usuarios va más allá de la molestia por la arbitrariedad en los cambios de tarifa, quienes ocupan la autopista exigen seguridad vial, ampliación de carriles, eficiencia en el cobro,e incluso, re encarpetar tramos donde el acceso o paso se vuelve peligroso.
A la par de los aumentos debería estar el compromiso de Pinfra para verdaderamente ofertar autopistas eficientes y óptimas que reduzcan no sólo el tiempo de llegada a otro destino, también, el número de accidentes al volante.
Ante los abusos los ciudadanos quedamos indefensos, o pagas o no pasas, en tanto, legisladores, gobierno, la propia SCT hacen oídos sordos al tema de regular de una buena vez el gran negocio que resulta concesionar las autopistas de México.
Por cierto, nos cuentan el ex Director de Gobernación con Sergio González, Mario Cervantes anda metido en un pequeño lío.
Bueno, uno que involucra la propiedad de una bodega en Coaxomulco, donde recientemente encontraron a 726 migrantes.
¡Qué chistoso verdad! Eso no pasa en Tlaxcala.
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