Diputada en Tlaxcala propone concesionar plantas tratadoras con Ley de Agua
La morenista Marcela González violaría derechos humanos con iniciativa.
Grupos comunitarios, organizaciones de la sociedad civil e investigadores rechazan la iniciativa de Ley de para la Prestación de Servicios de Agua Potable y Saneamiento del Estado de Tlaxcala presentada por la legisladora morenista Marcela González.
Lo anterior, por tratarse de una Ley que violaría el derecho humano, individual y colectivo al agua, su saneamiento y preservación, indicaron científicos adheridos al movimiento del Colectivo Fray Julián Garcés.
Y es que, afirman, la legisladora González Castillo, contempla en su propuesta de Ley afectar al 80% de los municipios de Tlaxcala que son parte de la Cuenca del Alto Atoyac; una región que se encuentra en emergencia sanitaria.
¿QUÉ CONTEMPLA LA PROPUESTA DE LEY?
- La iniciativa no garantiza el derecho humano al agua ni individual, ni colectivo pues condiciona el servicio a la existencia de infraestructura.
- Contempla que, el consumo de 50 litros diarios por persona es suficiente para garantizar el abasto, cuando la OMS estima que el acceso óptimo es de 100 litros diarios por persona.
- Condiciona que, el acceso al agua sea para quienes garanticen su pago, esto vulnera el factor de asequibilidad. Artículo 66 “Se podrá suspender el servicio de agua por falta de pago de las tarifas establecidas” entonces el agua no es un derecho humano sino una mercancía que debe medirse.
- La propuesta centraliza y desconoce la gestión y administración del agua que realizan las comunidades a través de sus Comités Comunitarios.
- Quita responsabilidad a las industrias sobre el tratamiento de sus aguas residuales, siendo que son el sector que más sustancias tóxicas vierte.
- Plantea concesionar el tratamiento de aguas residuales generando así la posibilidad de un proceso de privatización.
Para el Centro Fray Julián Garcés la propuesta de Ley de la legisladora Marcela González no solo pone en riesgo los recursos hídricos de Tlaxcala, también, abre la puerta a la privatización de servicios básicos para la vida cotidiana en las comunidades y municipios, pues no toda el agua que se consume tiene uso doméstico, también, permite la crianza de ganado, actividad prioritaria para algunos sectores de la población.
Por otra parte, la morenista justificó a través de un comunicado su intención de escuchar a colectivos y grupos inconformes con la Ley, pero no los contempló a la hora de elaborarla con lo cual violó la observación número 15 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales firmado por el Estado Mexicano.
